Contraloría detecta irregularidades en operaciones contables de Dipreca por casi $12 mil millones

Una fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) que tuvo por objeto practicar una auditoría a la situación financiera-presupuestaria y desarrollar un análisis contable de activos y pasivos a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile (Dipreca) reveló multimillonarias irregularidades al interior de la repartición. 

En concreto, la fiscalización tuvo como fin revisar si Dipreca mantenía procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles que administra y también analizar si la entidad mantiene un control sobre la ejecución presupuestaria, junto a examinar si cumple eón los procedimientos para la apertura y cierre de los ejercicios contables para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

Tras una exhaustiva revisión se verificó que la Dipreca mantiene el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Siffe) versión 2.0, no obstante, no emplea dicho sistema informático para registrar las transacciones económicas y financieras que se producen diariamente en la organización. 

En desmedro, usan el sistema de contabilidad denominado “Infochi”, limitándose a registrar, en forma manual y agregada en el Sigfe versión 2.0, el total de los movimientos contables de un periodo determinado, a partir de la información suministrada por el Infochi. 

De lo anterior, se observó que los balances de comprobación y de saldos, al 31 de diciembre de 2018, emitidos por los sistemas antes citados no son coincidentes, detectándose diferencias en cuentas contables y montos de hasta $20.270 millonesentre ambos.

“También se detectó que la Dipreca no utiliza en el sistema Infochi el plan de cuentas aprobado por esta Contraloría General de la República, en la resolución Nº 16, de 2015, de este origen, para el registro secuencial de las transacciones, advirtiéndose que la entidad auditada continúa utilizando la normativa y procedimientos contable impartidos por este organismo de control, en los oficios Nºs 6.856, de 1992 y 356, de 1993, los cuales ya no se encuentran vigentes”, indicó el órgano fiscalizador. 

En relación con las situaciones descritas, la entidad deberá remitir a la Contraloría un informe técnico en el cual se identifiquen y se documenten las operaciones que dieron origen a las diferencias detectadas entre los dos sistemas, proponiendo las regularizaciones correspondientes, a fin de mantener estados financieros que reflejen fielmente la situación presupuestaria y financiera.

Asimismo, deberán presentar una calendarización o programación -carta Gantt- que contemple las actividades y periodos definidos para la implementación del plan de cuentas contables vigente, conforme a la resolución Nº 16, de 2015 con la correspondiente homologación de las cuentas contables contenida en ambos sistemas. Todo lo anterior, en un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe y mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

El análisis de las conciliaciones bancarias, al 31 de diciembre de 2018, obtenidas del sistema contable Infochi, permitió advertir que estas incluyen partidas sin conciliar por un total de $11.994 millones, del cual $6.717 millones -equivalente al 56%- proviene de anualidades anteriores al 2018. 

Los conceptos discordantes o no regularizados se refieren, por una parte, a operaciones contabilizadas por la institución que no aparecen en las cartolas bancarias, tales como: “depósitos”, “otros ingresos”, “cheques anulados”, “cheques girados y no cobrados” y “otros cobros” y, por otra, a movimientos registrados en el banco, los cuales al término del ejercicio 2018, no habían sido contabilizados por Dipreca, a saber: “depósitos”, “cheques” y “otros cobros”.

Al respecto, la entidad previsional deberá elaborar un informe técnico documentado que identifique las operaciones que dieron origen a las partidas no conciliadas y observadas, proponiendo los ajustes correspondientes a fin de que los recursos disponibles que la entidad mantiene en cuentas corrientes se encuentren adecuadamente reflejados en los registros contables asociadas a estas. Lo anterior deberá ser remitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles y mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

En este contexto, y sobre los giros bancarios del periodo comprendido entre los años 1998 al 2012, ascendentes a las sumas de $1.167 millones y $1.261 millones de dos cuentas corrientes, cabe señalar que tales cargos pueden representar desembolsos de dineros no respaldados, habida consideración que revisadas las conciliaciones bancarias del mes julio de 2020, de ambas cuentas corrientes, dichas sumas aún permanecen en estas como partidas no conciliadas, motivo por el cual este organismo de control remitirá una copia de este informe final al Ministerio Público, para su conocimiento y fines a que haya lugar.

A su vez, de la revisión a las conciliaciones bancarias de otra cuenta corriente se constató que, hasta el mes de noviembre de 2018, se mantenían sin contabilizar un cheque del año 2002 por la suma total de $8.972 millones, no obstante que con fecha 31 de diciembre de la misma anualidad, el servicio procedió, mediante el comprobante de traspaso T-9575 a contabilizar los citados documentos en una cuenta de activo del grupo “41311 “, partidas por aclarar, rebajándolos de la cuenta contable banco asociada, con el objeto de reflejar un saldo disponible bancario que se ajustara a la realidad.

Cabe señalar que dicho ajuste careció de documentación de respaldo y de autorización, lo que se aparta de las instrucciones impartidas por la Contraloría a los servicios e instituciones del sector público para el ejercicio contable año 2018, mediante el oficio Nº 44.588, de 2017, el que establece en su punto 6.2, letra b), del párrafo segundo, que los servicios deberán solicitar autorización al ente contralor para realizar ajustes a la apertura que se efectúe en cada mes, debiendo remitir conjuntamente con el oficio, los comprobantes contables y antecedentes correspondientes a dicha solicitud.

Es preciso señalar que posteriormente, mediante el oficio Nº 6.510, de 18 de marzo de 2020 la CGR tomó conocimiento de la regularización contable realizada por la institución, manifestando que esta se apegó a la normativa contable vigente sobre la materia, e hizo presente que ello es sin perjuicio de la verificación de las operaciones, cifras y antecedentes de respaldo que pueda efectuar posteriormente en el ámbito de la fiscalización.

“Ahora bien, el registro de los referidos cheques en la cuenta “partidas por aclarar”, corresponde a un ajuste contable cuyo propósito fue permitir que las cuentas de disponibilidades de la entidad reflejaran el saldo real de recursos que mantiene, sin embargo, aquello no logra sustentar o acreditar los desembolsos ejecutados durante el año 2002, mediante los documentos de pago mencionados”, agrega el organismo. 

Por lo tanto, y relación a la falta de documentación que justifique los desembolsos, el organismo de control informó que remitirá una copia del informe final al Ministerio Público, para su conocimiento y fines a que haya lugar, ello sin perjuicio de que la entidad previsional deberá remitir a la CGR en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento, y mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, un informe con la documentación que acredite el detalle de las operaciones que motivaron la emisión de los cheques por la suma total de$ 8.972 millones.